República Bolivariana
de Venezuela
Municipio Mariño
Estado Nueva Esparta
  Miercoles 29 de Marzo del 2017

La obstrucción como política de gobierno

La Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela es muy clara en cuanto a la necesaria interdependencia, coordinación y colaboración que debe existir entre las ramas del poder público y entre los niveles de gobierno. En teoría, cada una de ellas cuenta con funciones y competencias bien delimitadas; sin embargo en la práctica, eso no sucede así pues desde hace más de catorce años existe una política de gobierno para obstaculizar y entorpecer la gestión de los diferentes gobernantes seleccionados por elección popular, especialmente, de aquellos que pertenecen a la corriente oposicionista.

 

Los ejemplos abundan, no hay gobernador o alcalde que no sufra los efectos de la agenda obstruccionista del ejecutivo nacional, el cual, recurre a las diferentes instancias del poder público nacional para perturbar y poner trabas a la ejecución de los planes y proyectos  que cada una de las administraciones  regionales o locales pretende llevar a cabo, perdiendo su autonomía e independencia pues estas son manejadas como simples brazos ejecutores del poder ejecutivo. Por tal motivo, observamos cómo instancias judiciales, militares, electorales, legislativas y de contraloría generan decisiones que rompen con el equilibrio, objetividad y equidad con que deben administrar la justicia y las leyes. Evidentemente esto tiene un fundamento y no es otro que pretender obtener beneficios político-electorales y acabar con los espacios ganados justamente por la oposición aunque para ello, atenten contra los intereses de la población, única perjudicada por tan perversa practica.

 

Un caso claro de esta situación lo tenemos en el Municipio Mariño, donde sistemáticamente se han tomado decisiones que van en contra de los intereses de la colectividad en un afán de menoscabar el radio de acción de la administración municipal de Alfredo Díaz y bajar los altos índices de calidad y eficiencia de su gestión, reconocida por todos los estudios de opinión y refrendada con la reelección en las pasados comicios municipales. El primero de los muchos ejemplos que podríamos citar se refiere a la decisión dictada por un tribunal que otorgo amparo judicial a un gran número de comerciantes informales para  permitirles seguir en las calles de Porlamar, acabando con la posibilidad de ordenar y reubicar a estos trabajadores para evitar la anarquía que existe en el centro de la ciudad. El resultado de dicha medida fue el crecimiento exponencial del comercio informal bajo la mirada cómplice de las fuerzas encargadas de mantener el orden público, las cuales,  contrarrestaron  cualquier acción para reordenar y humanizar los espacios abiertos de nuestra ciudad marinera.

 

Otro caso emblemático fue el del Puerto de la Mar, infraestructura llamada a convertirse en el principal motor del desarrollo y modernización de la ciudad, el cual, como es conocido por todos, fue expropiado y convertido en una universidad que muy poco ha contribuido al progreso y bienestar de la gran mayoría de los porlamarenses. Igual comportamiento asumieron con el Comedor Popular, el cual debido a los bajos beneficios que proveía a los más necesitados,  iba a dar paso a un moderno terminal de pasajeros que permitiría controlar el complejo sistema de tráfico vehicular y además, se convertiría en una fuente de desahogo de la economía informal pues el proyecto contemplaba la construcción de locales comerciales destinados a ofrecerles a los buhoneros un lugar digno para desempeñar sus labores. Pero también esa agenda de trabas y obstáculos se observa en otros ámbitos, especialmente cuando es necesario realizar trámites ante los entes ministeriales de la región, cuya característica fundamental es el irrespeto a las normas y  lapsos establecidos por la ley de procedimientos administrativos… Ahí está el Crossodromo Municipal, sin poder ser inaugurado por esta manera de actuar..

 

El último de los hechos a que vamos a referirnos es a la medida de dividir a los municipios en cuadrantes, dizque para garantizar mayor efectividad en la seguridad. Sin embargo pareciera que para ello no se tomaron criterios técnicos pues no se justifica que siendo Mariño el de mayor población apenas se hayan creado diez cuadrantes mientras que a Díaz le corresponden 11, evidenciando el sesgo de la medida debido a que mientras las fuerzas de seguridad deben atender alrededor de 6.500 ciudadanos por cuadrante en Díaz, en Mariño deben ser atendidas más de 10.600. Para finalizar, solo deseamos agregar que esta conducta es propia de quienes no respetan los intereses del pueblo, y representan un vano intento por desprestigiar a quienes como Alfredo Díaz, cumplen una gestión exitosa, dirigida a elevar la calidad de vida de todos por igual, sin exclusión.

Lcdo. David Dúben,

C.I. 5.482.124

Director de Proyectos Especiales,

@daviduben1


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